La Federación Internacional de los Derechos Humanos sustenta el informe «México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad» en el estudio de 32 casos relativos a 73 víctimas, dos bases de datos sobre 195 y 367 desaparecidos, recomendaciones de la CDHEC y entrevistas a víctimas y a ONG. Asimismo, consideró las mil 830 denuncias registradas por la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas entre 2006 y 2016. También utilizó información disponible sobre la «Masacre de Allende» y los asesinatos en la cárcel de Piedras Negras, así como testimonios de los miembros del cartel de Los Zetas registrados en las audiencias judiciales en San Antonio y Austin, desde 2013, los cuales «evidencian el apoyo brindado por funcionarios públicos estatales de Coahuila y fuerza pública estatal para cometer dichos crímenes».
El documento señala que «Durante el periodo de 2009 a 2011, Los Zetas consolidaron su control territorial en gran parte de las zonas en las que operaban en Coahuila (…) por medio del miedo. Sus métodos militares junto con la utilización indiscriminada de la violencia como medio de control, reforzó la capacidad del cartel para llevar a cabo un ataque contra la población civil».
En los mismos años, «las diferentes fuerzas de seguridad públicas, bajo el mando del gobierno de Coahuila, actuaron en colaboración con Los Zetas. La colusión y corrupción llevó a que altos mandos del gobierno de Coahuila implementaran una política de apoyo y comisión de crímenes de Los Zetas, mientras que paralelamente comunicaban su supuesta lucha en contra de esos grupos».
El siguiente dato pone de relieve el mando de Rubén Moreira antes de ser gobernador: «La acentuación de la estructura jerárquica a partir del 2009 por medio de reformas legales permitió la concentración en las manos de una sola persona, Jesús Torres Charles, de las funciones de fiscal, jefe de la fuerza pública y mando de las cárceles. Esto facilitó las privaciones graves de la libertad física, torturas y desapariciones, entre otros crímenes constitutivos del ataque contra la población civil.
«En todos los expedientes de esa época, analizados, la fuerza pública detiene de
forma arbitrari a a las víctimas que luego entrega a Los Zetas poniendo de manifiesto
la repetición de crímenes realizados según la misma lógica, de acciones preparatorias coordinadas, demostrando la existencia de una política de cometer un ataque contra la población civil. Dos casos importantes también denotan la actuación coordinada entre las corporaciones de seguridad de Coahuila y Los Zetas.
Estos son, la “Masacre de Allende” y los crímenes (…) en la Cárcel de Piedras Negras
del 2008 hasta el 2012».
El caso de Allende, en 2011, dio «como resultado un número aún no determinado de personas desparecidas y asesinadas, cifra que oscila ente las 42 y las 300 personas. (…) Algunos elementos indican que el alcalde, pero también el gobernador (Jorge Torres López), habrían tenido conocimiento de estos hechos y que su actuar omiso se debió (…) a su colusión con el grupo criminal».
Entre 2011 y 2012 (primer año de gobierno de Rubén Moreira) la cárcel de Piedras Negras «se convirtió en un centro de operaciones de Los Zetas. (…) En su interior fabricaban el material necesario para sus actividades delictivas, y a la vez que ingresaban a personas para asesinarlas con ácido y/o quemándolas en tanques de acero. Se calcula que al menos 150 personas fueron víctimas de estos crímenes, los cuales se pudieron cometer porque contaban con el
apoyo de las autoridades de Coahuila», dice el informe de la FIDH.
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