El desmantelamiento del sistema hace crujir las estructuras políticas y económicas, provoca reacciones desmesuradas contra el primer presidente de izquierda desde Lázaro Cárdenas y augurios catastrofistas. El régimen colapsó después de 71 años de gobiernos del PRI y 18 de alternancia con el PAN. Desaforado de la jefatura de gobierno de Ciudad de México en 2005, AMLO es hoy el líder más poderoso después de Cárdenas, quien suprimió el maximato, reformó el PRI y consolidó el presidencialismo.
Las cúpulas empresariales y los gobernadores, cuyo poder aumentó en los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto, no salen de su desconcierto y afrontan la nueva realidad sin una postura clara todavía. Frente al discurso de toma de posesión de AMLO, la elites económicas y políticas apuestan más al entendimiento que a la confrontación. Entre los últimos días de noviembre y los primeros de diciembre, corporaciones, organismos empresariales, gobernadores y sindicatos nacionales dieron la bienvenida al nuevo presidente.
Desde la tribuna del Congreso, AMLO enjuició a los últimos gobiernos: «en estas últimas tres décadas las máximas autoridades se han dedicado, como en el porfiriato, a concesionar el territorio y a transferir empresas y bienes públicos e incluso funciones del Estado a particulares nacionales y extranjeros. No se trata, como antes, de actos delictivos individuales o de una red de complicidades para hacer negocios al amparo del gobierno. (…) por eso, si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad».
La austeridad republicana, otra de las prioridades de la agenda presidencial, se elevó a rango constitucional. El 5 de noviembre, el Diario Oficial de la Federaciónpublicó la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, según la cual ninguno podrá ganar más que el presidente. AMLO cobrará 108 mil pesos mensuales, 40% menos que su predecesor. La medida ha sido criticada por su efecto en las áreas más especializadas y sensibles de la administración.Quien no esté de acuerdo con los nuevos salarios puede mudarse al sector privado, replicó el presidente el 4 de diciembre en rueda de prensa.
La principal oposición ha surgido del Poder Judicial. A través de un «amparo modelo» se han presentado miles de demandas contra la disminución de sueldos y prestaciones. El ingreso anual bruto de los ministros de la Corte es de 6.9 millones pesos (presupuesto de egresos 2018), 2.7 veces más que el último sueldo de Peña Nieto. AMLO declaró a los periodistas: «El servicio público no es para hacer dinero (…) en un país con tanta pobreza, si un funcionario quiere ganar 600 mil pesos (mensuales), eso es deshonestidad».
En su despedida como ministro de la Corte, el 29 de noviembre, José Ramón Cossío previno sobre los vientos autoritarios que soplan en el país: «Creo que la crisis democrática está trastocando la imagen general de la justicia constitucional, y eso me parece peligrosísimo. ¿Por qué? Porque la democracia, en el apoderamiento de los órganos del Estado, está suponiendo que puede hacerse desde los órganos de Estado lo que le venga en gana, porque al final de cuentas se tiene un gobierno legítimo y mayoritario».
En 1994, el presidente Ernesto Zedillo reformó el Poder Judicial, reestructuró la Corte y creó el Consejo de la Judicatura. Algunos sectores calificaron la acción de «golpe de Estado». Sin embargo, para poder gobernar, Zedillo debía cortar los brazos de Salinas de Gortari en el máximo tribunal. ¿El cambio de régimen iniciado por AMLO incluye también a la Corte? Pronto lo sabremos.
