En las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, el PRI conservó su condición de fuerza dominante. No controlaba las cámaras de Diputados y de Senadores, pero sí más estados, municipios y legislaturas locales que el resto de los partidos. Esa circunstancia le permitió imponer condiciones al presidente de turno a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Las cosas dieron un giro el 1 de julio por efecto AMLO-Morena. Hoy el partido fundado por Calles solo gobierna 12 entidades.
El estado más fuerte en manos del PRI es el de México. Sin embargo, Alfredo del Mazo, impuesto por el presidente Peña y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tiene como delegada presidencial a Delfina Gómez, su contrincante en los comicios del año pasado. Del Mazo ganó la gubernatura por una nariz; la ventaja sobre la candidata de Morena fue de apenas 83 mil votos. Sin su primo en Los Pinos, el mexiquense será un florero, una figura decorativa. El poder real lo ejercerá Delfina.
Acción Nacional gobierna también una docena de estados, pero podría bajar a 10 si la elección de Puebla se anula y pierde Baja California, como apuntan las encuestas. Morena tendrá cinco gobernadores y podría subir a siete, pues es el favorito en esos dos estados. El PRD solo cuenta con uno (Michoacán) y Movimiento Ciudadano gobierna una de las entidades más importantes del país, Jalisco, donde Enrique Alfaro podría ser el Fox de 2024.
Los superdelegados provocaron la primera rebelión —desarticulada y tibia— de los mandatarios locales contra la presidencia todopoderosa de AMLO. Con mayoría en el Congreso federal y en casi dos tercios de las legislaturas locales, los gobernadores se lo pensaran más de dos veces antes de confrontarse con el gobierno federal.
El 22 de noviembre, en una carta dirigida a López Obrador, los gobernadores del PAN fijaron su postura: «Nos sorprende la intención de supeditar el mecanismo de coordinación a la figura de los llamados “coordinadores estatales” del gobierno federal y colocar a los gobernadores y fiscales de los estados como meros invitados. Ese desdén es inaceptable para nosotros, porque no sólo pone en riesgo estos objetivos, sino resulta inconcebible una solución de fondo al problema de la inseguridad y la delincuencia en el país, sin la concurrencia efectiva de los gobiernos estatales».
Ese mismo día, desde Guadalajara, el gobernador electo Enrique Alfaro plantó cara al presidente: «Le decimos que aquí en Jalisco no vamos a permitir que se vulnere nuestra soberanía ni mucho menos que se traicione el pacto federal; hacerlo sería tanto como resignarnos a una realidad que pareciera ir tomando forma desde el centro del país sobre el destino político, financiero, administrativo y de la seguridad de nuestro estado», dijo frente a empresarios y líderes sociales y políticos.
Alfaro, quien rindió protesta el jueves pasado, lideró el movimiento para impedir que los superdelegados asumieran el control de los gabinetes de seguridad en los estados. El representante de AMLO en Jalisco es Carlos Lomelí, quien enfrentó al emecista en los comicios de este año. Sin embargo, contrario a lo ocurrido en Estado de México, Alfaro ganó por una diferencia de casi medio millón de votos. En Coahuila, el gobernador Miguel Riquelme lidia con Reyes Flores Hurtado, el tándem del senador Armando Guadiana para la sucesión de 2023.
