Andrés Manuel López Obrador sorteó todos los obstáculos y venció cuanta resistencia tuvo enfrente para ganar la presidencia. No es un político brillante y quizá tampoco alcance la talla de estadista. En 2006 se le presentó como “un peligro para México”, pero quienes resultaron serlo fueron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En ambos gobiernos, el país vivió sus peores años de inseguridad, violencia y desprecio por los derechos humanos. La corrupción, la impunidad y el escapismo de la administración recién concluida, ahondaron la crisis y exacerbaron el encono social. AMLO aguardó pacientemente, convirtió sus recorridos por la república en un baño de pueblo perpetuo y esperó a que el sistema terminara de pudrirse. El resto lo hicieron los votantes.
Lo paradójico sería que el presidente más legitimado en las urnas sea el que más rápido decepcione y pierda, en el ejercicio arbitrario del poder, el apoyo ciudadano, el cual no es inmutable, sino “gloria en calderilla”, como decía Víctor Hugo acerca de la popularidad. AMLO tiene el diagnóstico de los problemas nacionales, pero sus recetas sociales y económicas pueden agravar los males. La corrupción no desaparecerá por voluntad presidencial ni con una constitución moral. Nueva Zelanda, el país “más limpio” en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de Transparencia Internacional, tiene 89 puntos en una escala de 100.
Sin embargo, sí es posible abatir el fenómeno y elevar la posición de México (calificado ahora con 29 puntos) a los niveles de Uruguay (70), Chile (67) y Costa Rica (59). Canadá tiene 82 y Estados Unidos 75. La condición sine qua nonpara lograr ese objetivo consiste en presentar ante los tribunales a quienes han delinquido al amparo del poder y recuperar para el país y los estados las fortunas extraídas de las arcas públicas. El clamor social es de justicia, no para saturar las prisiones con cabezas de turco, sino a los políticos predadores y a sus socios, los delincuentes de cuello blanco.
Para ello bastaría dar curso a las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación —y a las de sus equivalentes en los estados— por la desaparición y desvío de miles de millones de pesos a empresas fantasma, como los detectados en la Estafa Maestra; procesar a los imputados en los casos Odebrecht y OHL; y en el caso de Coahuila, abrir el expediente de la deuda por más de 36 mil millones de pesos acumulada en el gobierno de Humberto Moreira, cuya investigación ha sido sistemáticamente obstaculizada. No solo eso, su hermano y sucesor Rubén Moreira diseñó un Sistema Estatal Anticorrupción encubridor.
Una forma de “mandar al diablo a las instituciones”, como AMLO sugirió en su campaña de 2006, es justamente cancelar las vías del derecho para castigar el daño causado a México sexenio tras sexenio. Poner “punto final” a la corrupción del pasado significa premiar a quienes utilizaron sus puestos para apropiarse impunemente de caudales públicos, amasar fortunas y lavarse la cara como “empresarios”, lo cual es moral y jurídicamente inaceptable. También representa un agravio para el país y un engaño para las legiones de afectos a López Obrador. “La ley”, advertía Burke, “es la seguridad del pueblo, la seguridad de cada uno de los gobernados y la seguridad de cada uno de los gobernantes”. El presidente López Obrador no está ni debe estar jamás, en ninguna circunstancia, por encima de la Constitución; es, al contrario, el primer obligado a acatarla y hacerla cumplir.
