El principal logro del gobierno de Miguel Riquelme no se relaciona con la obra pública, constreñida por la megadeuda —herencia del infamemoreirato—; tampoco con la seguridad, que, sin ser modelo, tiene a Coahuila fuera de las zonas críticas y conflictivas del país (Estado de México es líder en feminicidios), ni con el empleo, pues la entidad es un imán para la inversión extranjera —en particular el corredor Saltillo-Ramos Arizpe, “como pronto lo será Torreón”, según mi amigo Federico Sáenz Negrete—. El mayor avance es de índole político, base la gobernanza: armonizar al estado después de unos comicios controvertidos y altamente competidos, como se aprecia en la distribución del poder en los municipios y en el Congreso local.
Este fue un año difícil para el país, para Coahuila y para sus respectivos gobiernos, los cuales no lo pueden todo ni lo pueden solos. Riquelme recibió un estado no solo en crisis financiera, institucional y de credibilidad, sino también agraviado por el despotismo de un gobernador —Rubén Moreira— enfermo de poder y adicto al culto a su propia personalidad.
La crispación se expresó en las urnas con rotundidad. Riquelme fue el delfín de Moreira, pero no le debe el cargo; al contrario, por Rubén, que enconó al estado, persiguió y espió a opositores, clérigos, periodistas, empresarios y cuadros de su propio partido, estuvo de perder. Entre las elecciones para gobernador de 2011 y 2017, la votación del PRI se desplomó más de un cuarto de millón de votos. Armando Guadiana regresó a la política por el acoso de los Moreira, después de haber denunciado sus excesos; y por Rubén renunció al PRI Javier Guerrero.
Riquelme ha mantenido un perfil discreto, lo cual le reconocen tirios y troyanos. Empezó por reconstruir los puentes dinamitados por un predecesor atrabiliario y protagónico. Se ha reunido con Guadiana y Guerrero, sus competidores en las elecciones para gobernador, con el obispo Raúl Vera y otros agentes políticos y sociales. La relación con los reporteros de la fuente y los medios de comunicación pasó del insulto, la amenaza y la represión a la apertura y el respeto a la crítica.
Los problemas del estado y la complejidad del entorno político y social exigen liderazgo, claridad y altura de miras. Ningún partido puede gobernar de espaldas a la realidad como lo hicieron Peña Nieto y Rubén Moreira. El mensaje de las urnas contra la arrogancia y corrupción de la clase política tradicional, en las elecciones de julio, es irrefutable. Morena catalizó el descontento y, como nueva fuerza política nacional, ha puesto contra la pared a los mandatarios locales. Riquelme encabeza el primer gobierno dividido en la historia del estado; la mayoría de los coahuilenses tendrá alcaldes de oposición a partir de 2019. Por si no bastara, los súper delegados darán omnipresencia al presidente López Obrador.
Los cambios en el gabinete estatal deberán considerar todas esas circunstancias y no ser un ejercicio de gatopardismo. Riquelme necesita colaboradores y alcaldes comprometidos con el estado y con su plan de gobierno; no que utilicen el puesto para desarrollar agendas personalistas. El futurismo político, en momentos como los actuales, resulta, además de irresponsable, desleal. El gobernador no debe tolerarlo. Quien confunda la mesura y el espíritu conciliador con flaqueza o falta de carácter, comete un grave error.
