Jamás un fin de sexenio había resultado tan infame, triste y bochornoso. Peña Nieto saldrá por la puerta trasera de Los Pinos para ocupar, si acaso, un lugar secundario en la historia. En las antípodas de Gustavo Díaz Ordaz, quien entregó el país en orden y crecimiento y asumió con valor y decoro la responsabilidad por los sucesos del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Muy lejos también de Ernesto Zedillo, quien sentó las bases de una democracia real, la cual terminó con el monopolio ejercido por el PRI durante 70 años. Pero en corrupción, tráfico de influencias y negocios a la sombra del poder, la diferencia con el gobierno de Miguel Alemán y el Grupo Atlacomulco es nula.
La presidencia peñista lleva la impronta de la corrupción, la impunidad y la incuria. Su fotografía en la portada de Time, del 24 de febrero de 2014, titulada “Salvando a México”, devino caricatura. Justo ese año, el segundo de la administración que marcaba el retorno del PRI al poder, empezó el hundimiento del presidente, el gobierno y el PRI. El 30 de junio, cuatro meses después de la publicación, 22 “delincuentes” murieron en un supuesto enfrentamiento con elementos del 109 Batallón de Infantería en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que 15 de las víctimas fueron ejecutadas en una bodega cuando ya se habían rendido.
Tlatlaya “es una de las violaciones graves a los derechos humanos de nuestro México contemporáneo (…) una masacre encubierta por autoridades federales y estatales (…) se rinde el mayor número de civiles y ya estando a disposición del Ejército, proceden a ejecutarlos”, declaró Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Aristegui Noticias, 31-30-16). La reacción tardía, equivocada y contradictoria fue una de las constantes a lo largo del sexenio. Tlatlaya confirmó la regla.
Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, el gobierno de Peña Nieto recibió otro golpe demoledor: el asesinato de nueve personas y la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, por parte de la policía local. Para cerrar el caso y salir del atolladero, la Procuraduría General de la República inventó una “verdad histórica”,según la cual los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula.
“La versión es insostenible. Sus deficiencias e inconsistencias han sido expuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Equipo Argentino de Antropología Forense y Forensic Architecture”, advierte la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un comunicado emitido el 25 de septiembre. En un informe previo titulado “Doble Injusticia”, la ONU-DH documentó el uso de métodos ilícitos en las investigaciones y un Tribunal Colegiado con sede en Tamaulipas constató un “cuadro manifiesto de graves irregularidades en las investigaciones”.
La Casa Blanca dio el golpe de gracia a la credibilidad de Peña Nieto. El 26 de septiembre de 2014, una investigación de Aristegui Noticias reveló que la residencia donde la esposa del mandatario, Angélica Rivera, dio una entrevista a ¡Hola!, había sido adquirida a un contratista amigo del presidente. Peña termina su sexenio con una aprobación menor al 20%. No se salvó él, menos a México.
