Armando Guadiana fue el único candidato a gobernador que exigió a Rubén Moreira “sacar las manos de la Universidad Autónoma de Coahuila”. Meses después, una investigación del portal Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, conocida como
La estafa maestra. Graduados en desaparecer dinero público , reveló que entre 2013 y 2014 el gobierno federal asignó contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos a 186 empresas, de las cuales 128 resultaron ser fantasmas; 3 mil 433 millones de pesos de los recursos desviados se esfumaron.
La triangulación se realizó a través de ocho universidades públicas e involucra a los rectores Jorge Olvera y Érick Herzaín Torres (Estado de México), José Antonio Ruz y Sergio Augusto López (Ciudad del Carmen, Campeche), Alejandro Vera (Morelos), José Víctor Zárate, José Luis Hernández y Pedro Javier Muñoz (de la Chontalpa, Tabasco), José Manuel Piña (Tabasco), Luis Andrés Domínguez (Politécnica del Golfo de México, Tabasco), Fernando Calzada (Tecnológica de Tabasco) y Carlos Mario Olán (Instituto Técnico Superior de Comalcalco, Tabasco).
Las instituciones recibieron comisiones por 1 mil 006 millones de pesos. El único rector que respondió a la investigación fue José Manuel Piña, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Entre las dependencias que firmaron más convenios con las instituciones de educación superior figuran Pemex (36, bajo la dirección de Emilio Lozoya), Sedesol (10, durante la gestión de Rosario Robles, actual titular de la Sedatu), ISSSTE (6), SCT (4), Banobras y la SEP (3 cada una).
Las irregularidades constan en las cuentas públicas de 2013 y 2014. El entonces titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, calificó el tema como “un claro acto de corrupción”. “Es un mecanismo para no solamente el desvío, sino la desaparición de recursos públicos”, explicó. Guadiana llevó al Senado la demanda que hizo como aspirante a la gubernatura.
El 9 de octubre, en un punto de acuerdo, pidió a la Auditoría Superior de la Federación revisar la gestión económica de las universidades públicas del país, pero solo del ejercicio fiscal 2018. Denunció que existe sustracción de recursos por medio de empresas fantasma, y puso de ejemplo el caso de la UA de C: “En Coahuila se detectó el desvío, orquestado por las autoridades anteriores, por más de 400 millones de pesos”, señala en un comunicado.
El exrector José Blas Flores Dávila negó los señalamientos de la investigación de Grupo Zócalo. Dijo que su permanencia como secretario de Finanzas depende del gobernador Miguel Riquelme. A un lado de la declaración de Flores, Zócalo presenta tres casos de supuestas firmas fantasma (Estructuras en Postensados,
Obras y Diseños Castropol, S. A. de C. V., Grupo de Desarrollo de Tamaulipas, S. A. de C. V. y Félix Antonio Moreno Reyes) con sede en Ciudad de México, Altamira y Saltillo, a las cuales se habrían pagado 26.7 millones de pesos en conjunto. El tema dejó de manejarse. ¿Fuego amigo en la UAdeC o tolvanera de Viesca donde se fraguna intrigas?
A mediados de año, la Auditoría Superior del Estado presentó ante la Fiscalía General una denuncia por el desvío de 475 millones de pesos a empresas fachada durante los ejercicios de 2014 a 2016 correspondientes al gobierno de Rubén Moreira. Riviera Álamo, una de las involucradas, recibió 48.4 millones de pesos. Los socios de la compañía eran el esposo y un empleado de María Esther Monsiváis, secretaria de Infraestructura y Transporte. La FGE no ha dicho al respecto esta boca es mía.
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