México tiene un problema con su forma de hacer política, de acatar la legalidad, de asimilar los principios de lo que suponemos un aspiracional sistema democrático. Esa forma de ser, a través de la historia, ha dado lugar a los axiomas del ingenio para disimular el cinismo y de un modo u otro, persisten, porque han moldeado la cultura política.
“Hecha la ley, hecha la trampa”, es la fórmula conocida del ámbito jurídico que, como en nada, se observa en la dimensión electoral. En un siglo, quizás podamos pensar que sólo dos elecciones han generado la convicción generalizada de que hubo un elecciones democráticas: la primera, en 1910, que se resolvió por la vía armada; la segunda, fue pacífica, en el 2000.
Fuera de ahí, cada elección presidencial y numerosas elecciones locales, siempre tendrán elementos para que un sector de la población crea que hubo fraude y, de una u otra forma, siempre tienen razón.
Porque todos los partidos políticos incurren en conductas sistemáticas de fraudulencia electoral: compran votos, movilizan electores, exceden sus gastos de campaña con recursos de origen dudoso o ilegal; ejecutan campañas negras para deteriorar al contrario sin registro de gasto. Y para ello, saben como aprovechar vacíos legales, incapacidades institucionales, legalismos que, sin margen de interpretación, posibilitan conductas ajenas al deber ser.
Se dice que las leyes surgen del sentido común y del deber ser, porque hay un concenso de moralidad al que nadie puede sustraerse. De ahí que el cumplimiento de la ley no se extinga por alegar desconocimiento. El colmo de la inmoralidad se expresa hasta lo delictivo electoral inimaginable: un autobús de personas que acababan de vender su voto, fue asaltado el 9 de junio por los mismos miembros de la estructura que los llevó a cobrar. Por sentido común, cualquiera sabe que la compra de voluntades es un acto inmoral, porque aprovecha la pobreza. El acto delictivo se corona en el robo a los esperanzados en la dádiva.
Es ilegal que se usen oficinas, recursos económicos, materiales y humanos del gobierno, para favorecer a un partido. Y sin embargo, una dolorosa tragedia colocó a la vista de todos la forma de hacerlo. La hija de la colega oaxaqueña, Soledad Jarquin, trabajaba en el gobierno de su estado y fue enviada a la fuerza a una campaña. María del Sol Cruz Jarquin, murió en el ataque a la abanderada a quien se le “comisionó”.
Si la tragedia puso en evidencia esa forma de hacer política en un municipio de Oaxaca, mucho más puede decirse del uso faccioso de la justicia penal, lo mismo del gobierno federal priísta contra el candidato presidencial panista, que de este y su gobernador en Chihuahua, contra los operadores priístas.
Democracia con aspiraciones hereditarias. Las campañas en Veracruz y Puebla, donde el nepotismo alcanza su expresión más ofensiva, en el posicionamiento de hijo y esposa, respectivamente, de Miguel Ángel Yúnes y Rafael Moreno Valle, nuevos cacicazgos bajo las siglas del PAN que emplean el poder, inclusive policial, para permanecer.
Morena, en su modesta dimensión, también tiene lo suyo: un candidato detenido en Yucatán con dos millones en efectivo; un alcalde como el de Coatzacoalcos, Víctor Carranza, supervisando el acarreo al cierre de López Obrador en Veracruz; en general, escasa transparencia de quien dice nada tiene que ocultar pero todo lo oculta.
Esos ejemplos son apenas partes de la enorme maquinaria que se mueve en cada proceso electoral. Dos hombres llevaban el martes, 20 millones en efectivo al PRI, según declararon. Al PRI le basta negarlo. Si un ciudadano común deposita más de 15 mil pesos en efectivo en una cuenta, el SAT le caerá con exigencia de comprobación de ingresos o multa. Pero los políticos mueven millones en sobres pequeños, en efectivo, como demostró hace unos días el doctor José Manuel Mireles en uno de tantos decomisos que han hecho desde hace un mes las “Autodefensas Electorales” en Michoacán, en bodegas y camiones de Prospera, donde se acumulan hasta despensas para las que no hubo tiempo de retirar los rótulos de ayuda a damnificados por los sismos.
El espacio es insuficiente, pero el fraude, sea cual sea el resultado, ya sucede. Órganos electorales inocuos; magnates inmersos hasta la ilegalidad en las elecciones; masivas campañas negras implementadas por anónimos; medios e intelectuales que orientan la aceptación fraudulenta en las más variadas justificaciones, derivaciones de la línea marcada por el priísta Aurelio Nuño –el más fatuo y vil de los políticos– que anticipa el resultado más inesperado imponiendo a los adversarios el estigma de malos perdedores.
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