Ana Rosa Martínez Tamez, es la Candidata del MC al Distrito 15

    Por Gerardo Hernández González

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    El periódico San Antonio Express-News bautizó con ese título la trama de corrupción que involucra a exgobernadores, empresarios mediáticos, contratistas y exfuncionarios de las dos últimas administraciones. El caso lo lleva la justicia de Estados Unidos, la cual, sin ser impoluta, cumple su función y es contrapeso real del poder político. Javier Villarreal Hernández, exsecretario de Finanzas; Guillermo Flores Cordero, Rolando González Treviño, propietario de estaciones de radio y televisión; Luis Carlos Castillo, el Rey de los Dragones; y exintegrantes de los Zetas se han declarado culpables de lavado de dinero, soborno y otros delitos ante la Corte de Distrito para el Sur de Texas.

    También han entregado inversiones, aviones y propiedades por decenas de millones de dólares, los cuales, confesaron, fueron sustraídos de las arcas de Coahuila. La administración de Rubén Moreira jamás reclamó el dinero y faltó a la obligación constitucional de «cuidar los fondos públicos». Iniciar una demanda con ese propósito implicaba admitir la comisión de delitos que, pese a la evidencia y las acusaciones ante fiscales y jueces, siempre se han negado. El exsenador Luis Fernando Salazar intentó recuperar lo incautado por el Gobierno de Estados Unidos e incluso viajó varias veces a San Antonio, Texas, con ese propósito. Empero, la respuesta siempre fue la misma: solo la parte afectada puede reclamar la devolución.

    En junio de 2016, mientras Andrés Manuel López Obrador denunciaba la corrupción del sistema y recorría el país en busca de votos, el grupo parlamentario del PAN en el Senado denunció al exgobernador y exlíder del PRI Humberto Moreira ante la PGR por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, cohecho, fraude, encubrimiento y peculado. «Presentamos esta denuncia para pedirle a las autoridades mexicanas que hagan el trabajo que hace Estados Unidos. Sería lamentable que los coahuilenses tengan que esperar a que la justicia llegue a México, en este caso, por la justicia de un país extranjero y que sean las autoridades de otro país las que pueden terminar con la impunidad de la que ha gozado Humberto Moreira», declaró el político lagunero (SinEmbargo, 26.07.16).

    Salazar regresó a la PGR el 29 de septiembre de 2016 -cuarto año de Peña Nieto en el poder-, para denunciar al gobernador Rubén Moreira por el desvío de 475 millones de pesos a empresas fantasma -60 millones en la Secretaría de Salud para la supuesta compra de medicamentos-. «Es una denuncia en contra del priismo y del “moreirato” que insiste en querer robarle el futuro a las familias coahuilenses. El delito puede ser peculado porque se advierte un enriquecimiento con dinero público para un particular», expuso.

    Según testimonios y declaraciones de testigos protegidos e informantes de «alto valor» del Gobierno de Estados Unidos, el dinero distraído de la tesorería de Coahuila se utilizó para comprar medios de comunicación, plazas comerciales y concesiones mineras, entre otros negocios. La administración del presidente López Obrador podría investigar, a través de la Secretaría de Comunicaciones y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, la relación entre políticos y empresas de radio y televisión, directa o a través de prestanombres. Solo falta voluntad política. En el caso de la compra de medicamentos, la 4T descubrió que una parte del mercado lo controlaba el primer círculo de Peña Nieto y canceló los contratos. La investigación sigue en curso.

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