Políticos en ascuas

    Por Gerardo Hernández González

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    El juicio contra Juan Manuel «el Mono» Muñoz Luévano, en Estados Unidos, sacudirá las estructuras políticas y el árbol de la corrupción plantado en Coahuila durante el moreirato. Exgobernadores, legisladores federales y locales, autoridades universitarias, magistrados, jueces, exalcaldes, juniors de políticos y hombres de negocios, concesionarios y comentaristas de radio y televisión, líderes del PRI, notarios públicos, contratistas… aparecen en las
    declaraciones de testigos del gobierno norteamericano, algunos de ellos bajo su protección.
    Los objetivos son Humberto y Rubén Moreira en cuyo gobierno de doce años el cartel de Los Zetas se apropió de la entidad, según el estudio «Control sobre todo el estado de Coahuila: Un análisis de testimonios en juicios en contra de miembros Zetas en San Antonio, Austin y Del Río». El trabajo, desarrollado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho
    de la Universidad de Texas, se basa en declaraciones de 24 exintegrantes del
    cartel en tres procesos federales celebrados entre 2013 y 2016.
    El ensayo se anunció el 6 de noviembre, luego de su presentación ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Ese mismo día, a 680 kilómetros de distancia, Rubén Moreira se despedía del Congreso local, dominado por el PRI, con una falsa aureola de estadista: «Hoy las cosas son distintas, los grandes capos que asolaban Coahuila y que, por cierto, vinieron de otras partes, o están abatidos o en la cárcel. (…) mi estado (…) es
    el único que ha desentrañado los grandes crímenes, castigado a los culpables y dictado órdenes de aprehensión contra los más terribles delincuentes».
    El estudio de la Universidad de Texas, realizado por Sarah Gohray y Marovia de la O, dice otra cosa: «Los Zetas pagaron sobornos e integraron a oficiales de policía en su jerarquía para garantizar que el cártel podría continuar sus operaciones ilícitas sin resistencia. (…) Los funcionarios estatales se han negado intencionalmente a buscar la justicia a pesar de tener conocimiento de innumerables abusos contra los derechos humanos perpetrados por
    miembros del cártel Zeta».
    Por otra parte, advierte: «Tanto los Zetas como el Estado son responsables de la violencia en Coahuila. En el mejor de los casos, el Estado hizo la vista gorda ante la generalizada corrupción y los graves abusos contra los derechos humanos, y en el peor, participó directamente en la perpetración de estos abusos». (Para vender otra imagen, Moreira promovió la creación de la Academia Interamericana de Derechos Humanos dentro de la Universidad Autónoma de Coahuila, cuyo director, Efrén Ríos, ha encabezado varias
    defensas del PRI ante tribunales electorales).
    Entre los testimonios sujetos a estudio por la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, figuran los de Efrén Tavira, Humberto Uribe Tapia, Enrique Rejón y Alfoso Cuéllar. En una nota de la revista Proceso , titulada «Informe revela control de Los Zetas en Coahuila durante los gobiernos de los hermanos Moreira», el periodista Juan Alberto Cedillo, cita: «Según Tavira, Rubén Moreira también colaboró con Los Zetas. (…) Tavira describió una
    ocasión en la cual Los Zetas entregaron a Rubén Moreira en el rancho de otro narcotraficante, Beto Casas, a través de una camioneta Suburban llena de maletas repletas de dinero». Con respecto a un supuesto soborno a Humberto Moreira, Uribe declaró: «Se hizo a través del Sr. Vicente Chaires y Jesús Torres Charles» (Apro, 6-11-17).
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